En silencio, pero con pasos firmes, el Gobierno de San Juan está terminando de definir una nueva Ley de Proveedores Mineros, una herramienta que marcará un antes y un después en la forma en que se vinculan las empresas locales con los grandes proyectos extractivos. La normativa apunta a dar respuesta a una situación que viene generando incomodidad: el ingreso de firmas extranjeras, como algunas de origen chileno, que logran contratos millonarios en obras mineras sin generar impacto directo en la economía provincial.
El nuevo proyecto busca reemplazar definitivamente a la antigua Ley Rupem, que nunca llegó a implementarse y fue señalada por la actual gestión como ineficaz. Entre las críticas se destacó que permitía que cualquier empresa se inscribiera como “proveedor sanjuanino” con solo tener un domicilio legal en la provincia, sin presencia real ni generación de empleo genuino. La nueva ley introduce exigencias más concretas y comprobables: para ser proveedor local habrá que contar con un establecimiento operativo activo en San Juan.
Un punto clave del nuevo marco es que no establecerá porcentajes obligatorios de contratación local. La idea es evitar que las empresas se vean forzadas a comprar productos o contratar servicios más caros o de menor calidad solo por su procedencia. Según el gobierno, cada proyecto tiene características particulares, y no es realista fijar porcentajes cerrados cuando en muchos casos se necesitan insumos importados o servicios altamente especializados. Por eso, el foco estará puesto en fomentar la competitividad de los proveedores locales y no en protegerlos artificialmente.
En lugar de cupos, la ley impondrá otra obligación: todas las compañías mineras deberán presentar un plan anual de desarrollo de proveedores, donde deberán detallar qué volumen de contratación realizan con firmas locales, qué compromisos asumen para mejorar esos porcentajes y qué áreas de la cadena productiva consideran estratégicas para potenciar en San Juan. Esa información será pública, formará parte de una declaración jurada y se actualizará cada seis meses. El objetivo es construir una radiografía clara y confiable del impacto económico de la minería en la provincia.
Además, el proyecto prevé diferenciar entre proveedores de la comunidad donde se instala el emprendimiento minero (como Iglesia o Calingasta) y los del resto de San Juan, promoviendo que los primeros tengan un rol activo en el desarrollo de cada zona. También se creará un registro oficial donde deberán inscribirse las empresas interesadas, y solo las que estén en ese padrón podrán recibir invitaciones para cotizar en obras o servicios.
Por primera vez, la Cámara Minera aceptó sentarse a la mesa y participar del diseño de la normativa. Históricamente había rechazado la idea de una ley de proveedores, pero en esta ocasión no solo acompañó el proceso, sino que elevó una propuesta propia. Ese giro también es interpretado por el Ejecutivo como una señal de madurez en el vínculo entre Estado y sector privado.
Otro aspecto importante es que las empresas proveedoras también deberán cumplir con los estándares de contratación de mano de obra local que se exigen a las mineras, fomentando así que los beneficios del desarrollo extractivo se distribuyan de forma más equitativa. Desde el Gobierno insisten en que el objetivo no es garantizar contratos por decreto, sino dar herramientas para que las empresas sanjuaninas puedan competir de verdad, con calidad y precios adecuados.
En un contexto donde los grandes proyectos mineros generan grandes expectativas, pero también fuertes tensiones, esta ley busca ordenar el escenario y asegurar que el crecimiento del sector se traduzca en oportunidades reales para la provincia.